La toma de Palacio de Justicia y la retoma desnudaron la realidad del Estado y la sociedad colombiana, unos medios que se dejaban censurar a pesar de observar el exterminio de la Corte, un presidente sitiado por militares que no le pasó al teléfono al presidente de la Corte Suprema de Justicia, una cúpula militar que consideraba a la Corte Suprema su enemiga porque había decidido llamar a juicio al general Samudio por tortura, 1800 expedientes por tortura de ciudadanos y miembros del M19 en el gobierno de Turbay contra la cúpula militar del gobierno de Belisario.
Una cúpula militar que ya había pactado con el cartel de Medellín la extensión del paramilitarismo por toda Colombia y el genocidio de la UP, un Belisario atemorizado por los gremios de los poderosos que le pedían acabar el Dialogo Nacional y el Proceso de Paz con el M19, gremios que no soportaban la propuesta de reformas democráticas que el M19 había hecho en las mesas de Dialogo Nacional tras llenar las plazas, un M19 que tras el saboteo del proceso de paz y el atentado contra sus dirigentes no fue capaz de persistir en la paz y prefirió el fetichismo armado, El país político y militar hundió en sangre y fuego la opción democrática y el dialogo de paz porque ya había optado por la exclusión y la mafia.
Por eso bombardearon el Palacio. Y mataron civiles, guerrilleros y magistrados sin darle la oportunidad al dialogo, el único acto racional de esos días lo dio precisamente Andrés Almarales, cuando en el baño y ya sin municiones, decidió liberar todos los rehenes sabiendo que iba a morir ejecutado con sus hombres, prefirió la opción de vida para sus rehenes
Durante 20 años la alianza de políticos, militares, mafiosos y gente de poder que tomo la decisión de arrasar el Palacio genero un genocidio en toda Colombia, ya no mataron cien personas sino 150.000, llenaron de fosas comunes el territorio, descuartizaron, se entregaron a la barbarie.
El M19 respondió con la paz y se gano libremente las elecciones de Constituyente, surgió así una Constitución democrática, una Constitución contraria al interés de las elites que desataban el genocidio en Colombia, llevándonos a ser la mas desigual sociedad; la Constitución estuvo a punto de ser derogada por el proyecto uribista que quería refundar la Patria en defensa de las eliges del genocidio, algunos miembros del M19 resistimos y logramos develar la realidad del Poder en Colombia, su profunda alianza con la mafia y el genocidio.
Nos acompaño en una hermosa paradoja de la historia, la Corte Suprema de Justicia, fueron a parar a la cárcel decenas de poderosos, el proyecto paramilitar perdió su viabilidad histórica y el uribismo no se pudo reelegir, no pudieron refundar la Patria.
La historia oficial, que hablaba de un M19 que había entrado al Palacio pagado por escobar a matar magistrados y quemar el Palacio para borrar, se desplomo ante la investigación de la fiscal Buitrago que establecía la quema del palacio en responsabilidad de militares, el asesinato de magistrados, algunos en instalaciones militares por militares, la desaparición en manos de militares; eran los militares del paramilitarismo.
La verdad brotaba por todos lados cuestionando el poder, hoy algunos de los sectores más temerosos ante una nueva oleada democrática como la del 91, actúan política y violentamente.
Desataron el DAS contra mi, hoy sabemos que me intentaron asesinar tres veces, lanzaron la campaña de desprestigio, intentaron impedir a toda costa que fuera candidato presidencial. Hoy piden nuestra cabeza a toda costa, están desesperados, atemorizados, actúan. Por eso acuden incluso a una apelación hecha 20 años después, para intentar encarcelar a quienes destapamos el paramilitarismo y detuvimos a Uribe, no perdonan a un M19 que se mantiene altivo y defensor de su legado: el proyecto democrático de Colombia. No perdonan que la historia nos juzgue y nos de la razón.
Twitter Gustavo Petro.
domingo, 19 de septiembre de 2010
sábado, 11 de septiembre de 2010
URIBE MANTIENE INTACTO SU PODER
La fatiga acumulada por los demócratas colombianos durante 8 años de gobierno de Uribe, ha hecho que algunos se ilusionen con el más mínimo gesto del nuevo gobierno. Otros, escépticos rigurosos, no perciben ni reaccionan a los cambios que efectivamente se presentan. La realidad es que Santos no es Uribe. El mismo Uribe, la oligarquía colombiana y el imperio estadounidense necesitaban un cambio que - aunque cosmético -, es un viraje.
Sin embargo, Uribe mantiene intacto su poder. Santos le cubre la espalda. El plan para invisibilizar a los perpetradores de los crímenes marcha sobre ruedas. Avanza el ocultamiento de los delitos cometidos o de la complicidad de importantes funcionarios del gobierno de los EE.UU., de altos ejecutivos de empresas transnacionales y de grandes empresarios nacionales. Es evidente que habrá sacrificados de poca monta que en compensación recibirán penas leves y magníficas bonificaciones.
El bloque hegemónico está incólume
El sector más reaccionario de la oligarquía vinculado al poder hacendatario - caracterizado por su extremismo de derecha -, fue obligado a negociar. Cedieron – retrecheramente – algunas transformaciones, pero tienen todas las condiciones para sabotearlas en la práctica. Han aceptado la necesidad de aprobar leyes para mostrarlas ante la comunidad internacional. Es la cantinela de los derechos humanos en manos de Angelino Garzón. Los temas: víctimas, tierras, reforma de la justicia, concertación con sindicalistas, respeto formal a la oposición, y otras cuestiones del mismo tenor.
Uribe mantiene el control sobre tres sectores fundamentales: las fuerzas militares con Rodrigo Rivera, Ministro de Defensa; la inteligencia estatal con el director del DAS Felipe Muñoz; y la dirección Dde los programas de asistencia social "Familias en Acción” y “Juntos” en cabeza de Diego Andrés Molano [1], quien controla una poderosa estructura nacional que le llega a 2,8 millones de familias pobres de todo el país.
Además, ya se echaron al bolsillo al fiscal encargado Guillermo Mendoza, quien antes de ser reemplazado, destituyó a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Dra. Ángela María Buitrago, quien venía pisando cayos al generalato militar. El caso de Arias Cabrales por el asesinato del magistrado Carlos Urán y demás desaparecidos del Palacio de Justicia tenía muy nerviosa a la cúpula castrense. Asi mismo, dicha fiscal ya había citado a indagatoria a Francisco Santos y José Obdulio Gaviria, por haber calumniado a los sindicatos. La reacción de la sociedad ha sido minimizada por los medios de comunicación.
Para rematar, el gobierno acaba de nombrar a Andrés Felipe Arias como embajador en Italia, a pesar que la justicia ya lo tiene en la mira por la comprobada corrupción en el programa de Agro Ingreso Seguro. Es patente que el respaldo del ex-presidente Uribe jugó su papel. Debe tener pruebas contundentes de la participación de gente muy poderosa en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron - no sólo durante los 8 años de gobierno uribista-, sino en el lapso de los últimos 25 a 30 años. Y… las usa para respaldar a quien fue su cómplice más leal y su carta política hacia el futuro.
El bloque hegemónico en el poder mantiene en la retaguardia sus estructuras armadas clandestinas. Así lo demostró el reciente atentado a Caracol Radio. En cualquier momento activan los grupos paramilitares. También está intacta la estructura clientelista del “Estado comunitario”. Se mantiene el carácter corporativo de un poder que ya demostró su fuerza electoral en las regiones. Están vivos los entrelazamientos entre el Estado y los poderes corruptos y mafiosos a lo ancho y largo del país. A la sombra de un aparente “reformismo”, el verdadero poder criminal uribista-santista sigue allí, latente, a la espera, hibernando… mientras le llega nuevamente su turno. [2]
Santos cumple su papel a la perfección. Una fina pantomima se ha armado para impresionar e impactar a la “comunidad internacional”, la cual ya está aceitada desde Washington y Ginebra para justificar la puesta en marcha de los TLC con EE.UU. y la UE. El “cuento” de los DD.HH. es la fórmula precisa. Si en verdad, por ejemplo, quisieran devolver las tierras a los desplazados – lo cual es una tarea urgente -, expedirían decretos de emergencia social al estilo de lo que hicieron para golpear a las “pirámides para-financieras”.
Nuestra respuesta
No es negando los cambios como podemos enfrentarlos. Santos no es exactamente Uribe III, pero si es su continuidad. Es un desdoblamiento necesario para ellos. Tampoco podemos idealizar los cambios como lo hace Gustavo Petro. En su carta a los “verdes”[3] que este gobierno "propone reformas profundas en temas sustanciales".Eso es pensar con el deseo.
Sólo una política agresiva-propositiva desde la oposición y desde el movimiento social puede desenmascarar la verdadera esencia de Santos. Hay que exigir acciones concretas sobre cada una de las promesas hechas por el nuevo gobierno. Para cumplir sólo se requiere voluntad política. El principal derecho humano es poder ganarse la vida honradamente, y para ello, se necesitan transformaciones de verdad.
Los dispendiosos trámites legislativos y demás montajes normativos son sólo distractores. Tenemos leyes para todo y casi todas se desconocen desde el poder. No permitamos que un feroz lobo - experto en mimetizarse -, use como piel de oveja la falsa retahíla de los DD.HH. para comerse a las verdaderas ovejas.
[1] Fue director adjunto delPrograma MIDAS de USAID, y previamente sedesempeño como Director de ProgramasSociales de la misma Agencia
[2]http://lahistoriadeldia.wordpress.com/2009/03/02/desentranando-el-proyecto-uribista/
[3]http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-221185-gustavo-petro-le-propone-al-partido-verde-trabajar-conjunto-varios.
Sin embargo, Uribe mantiene intacto su poder. Santos le cubre la espalda. El plan para invisibilizar a los perpetradores de los crímenes marcha sobre ruedas. Avanza el ocultamiento de los delitos cometidos o de la complicidad de importantes funcionarios del gobierno de los EE.UU., de altos ejecutivos de empresas transnacionales y de grandes empresarios nacionales. Es evidente que habrá sacrificados de poca monta que en compensación recibirán penas leves y magníficas bonificaciones.
El bloque hegemónico está incólume
El sector más reaccionario de la oligarquía vinculado al poder hacendatario - caracterizado por su extremismo de derecha -, fue obligado a negociar. Cedieron – retrecheramente – algunas transformaciones, pero tienen todas las condiciones para sabotearlas en la práctica. Han aceptado la necesidad de aprobar leyes para mostrarlas ante la comunidad internacional. Es la cantinela de los derechos humanos en manos de Angelino Garzón. Los temas: víctimas, tierras, reforma de la justicia, concertación con sindicalistas, respeto formal a la oposición, y otras cuestiones del mismo tenor.
Uribe mantiene el control sobre tres sectores fundamentales: las fuerzas militares con Rodrigo Rivera, Ministro de Defensa; la inteligencia estatal con el director del DAS Felipe Muñoz; y la dirección Dde los programas de asistencia social "Familias en Acción” y “Juntos” en cabeza de Diego Andrés Molano [1], quien controla una poderosa estructura nacional que le llega a 2,8 millones de familias pobres de todo el país.
Además, ya se echaron al bolsillo al fiscal encargado Guillermo Mendoza, quien antes de ser reemplazado, destituyó a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Dra. Ángela María Buitrago, quien venía pisando cayos al generalato militar. El caso de Arias Cabrales por el asesinato del magistrado Carlos Urán y demás desaparecidos del Palacio de Justicia tenía muy nerviosa a la cúpula castrense. Asi mismo, dicha fiscal ya había citado a indagatoria a Francisco Santos y José Obdulio Gaviria, por haber calumniado a los sindicatos. La reacción de la sociedad ha sido minimizada por los medios de comunicación.
Para rematar, el gobierno acaba de nombrar a Andrés Felipe Arias como embajador en Italia, a pesar que la justicia ya lo tiene en la mira por la comprobada corrupción en el programa de Agro Ingreso Seguro. Es patente que el respaldo del ex-presidente Uribe jugó su papel. Debe tener pruebas contundentes de la participación de gente muy poderosa en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron - no sólo durante los 8 años de gobierno uribista-, sino en el lapso de los últimos 25 a 30 años. Y… las usa para respaldar a quien fue su cómplice más leal y su carta política hacia el futuro.
El bloque hegemónico en el poder mantiene en la retaguardia sus estructuras armadas clandestinas. Así lo demostró el reciente atentado a Caracol Radio. En cualquier momento activan los grupos paramilitares. También está intacta la estructura clientelista del “Estado comunitario”. Se mantiene el carácter corporativo de un poder que ya demostró su fuerza electoral en las regiones. Están vivos los entrelazamientos entre el Estado y los poderes corruptos y mafiosos a lo ancho y largo del país. A la sombra de un aparente “reformismo”, el verdadero poder criminal uribista-santista sigue allí, latente, a la espera, hibernando… mientras le llega nuevamente su turno. [2]
Santos cumple su papel a la perfección. Una fina pantomima se ha armado para impresionar e impactar a la “comunidad internacional”, la cual ya está aceitada desde Washington y Ginebra para justificar la puesta en marcha de los TLC con EE.UU. y la UE. El “cuento” de los DD.HH. es la fórmula precisa. Si en verdad, por ejemplo, quisieran devolver las tierras a los desplazados – lo cual es una tarea urgente -, expedirían decretos de emergencia social al estilo de lo que hicieron para golpear a las “pirámides para-financieras”.
Nuestra respuesta
No es negando los cambios como podemos enfrentarlos. Santos no es exactamente Uribe III, pero si es su continuidad. Es un desdoblamiento necesario para ellos. Tampoco podemos idealizar los cambios como lo hace Gustavo Petro. En su carta a los “verdes”[3] que este gobierno "propone reformas profundas en temas sustanciales".Eso es pensar con el deseo.
Sólo una política agresiva-propositiva desde la oposición y desde el movimiento social puede desenmascarar la verdadera esencia de Santos. Hay que exigir acciones concretas sobre cada una de las promesas hechas por el nuevo gobierno. Para cumplir sólo se requiere voluntad política. El principal derecho humano es poder ganarse la vida honradamente, y para ello, se necesitan transformaciones de verdad.
Los dispendiosos trámites legislativos y demás montajes normativos son sólo distractores. Tenemos leyes para todo y casi todas se desconocen desde el poder. No permitamos que un feroz lobo - experto en mimetizarse -, use como piel de oveja la falsa retahíla de los DD.HH. para comerse a las verdaderas ovejas.
[1] Fue director adjunto delPrograma MIDAS de USAID, y previamente sedesempeño como Director de ProgramasSociales de la misma Agencia
[2]http://lahistoriadeldia.wordpress.com/2009/03/02/desentranando-el-proyecto-uribista/
[3]http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-221185-gustavo-petro-le-propone-al-partido-verde-trabajar-conjunto-varios.
sábado, 27 de diciembre de 2008
QUE ES COLOMBIA?
La historia de Colombia se caracteriza, entre otros rasgos, por el extenso dominio político y la notoria hegemonía socio-cultural que los partidos Liberal y Conservador han ejercido sobre amplios sectores de la sociedad, desde su nacimiento en los primeros años de la vida nacional.
Han sido partidos que no sólo han monopolizado los resortes del poder político del Estado, sino que además, han obrado como órganos de fomento y transmisión de opiniones e ideas sobre el mundo social y político, que han calado hondo en diferentes sectores de la población. Pero son partidos que también que han creído, o por lo menos creyeron firmemente hasta la firma del llamado pacto del Frente Nacional en 1958, que el uso de las armas era un recurso válido para luchar contra o por el poder.
No obstante el carácter republicano y formalmente democrático que adquirió el orden político estatal desde la Independencia, el uso de las armas fue aceptado por los círculos sociales y políticos dirigentes del país como un medio político legítimo para acceder al poder. En efecto, fueron múltiples las ocasiones en el curso del siglo XIX en que los dirigentes de un partido decidieron organizar un ejército propio y alzarse en armas contra el gobierno de turno para tratar de derrocarlo por haber tomado medidas político-jurídicas que no aceptaban.
Camilo García, investigador y filósofo colombiano, reside en Estocolmo
Han sido partidos que no sólo han monopolizado los resortes del poder político del Estado, sino que además, han obrado como órganos de fomento y transmisión de opiniones e ideas sobre el mundo social y político, que han calado hondo en diferentes sectores de la población. Pero son partidos que también que han creído, o por lo menos creyeron firmemente hasta la firma del llamado pacto del Frente Nacional en 1958, que el uso de las armas era un recurso válido para luchar contra o por el poder.
No obstante el carácter republicano y formalmente democrático que adquirió el orden político estatal desde la Independencia, el uso de las armas fue aceptado por los círculos sociales y políticos dirigentes del país como un medio político legítimo para acceder al poder. En efecto, fueron múltiples las ocasiones en el curso del siglo XIX en que los dirigentes de un partido decidieron organizar un ejército propio y alzarse en armas contra el gobierno de turno para tratar de derrocarlo por haber tomado medidas político-jurídicas que no aceptaban.
Camilo García, investigador y filósofo colombiano, reside en Estocolmo
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